COLUMNA DE OPINIÓN
Por: Edgar Rebolledo Toro
Académico – Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Católica de Temuco
El Desafío de la Legitimidad de la Acción Pública en contexto de Crisis Climática
En pleno siglo XXI enfrentamos desafíos colosales como la crisis climática global. Según un informe publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional chileno de “los residuos sólidos municipales, el 98,2% va a disposición final mientas que solo 0,9% es enviado a algún tipo valorización” (2022, p.2). Esto lleva a preguntarse: ¿en qué se fundamenta la legitimidad de la acción pública sobre la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios (RSD)?
El programa “Gobernanza para la reducción de residuos sólidos domiciliarios en la Asociación de municipalidades Malleco Norte (FNDR, BIP 40047132-0)”, nos ofrece una perspectiva valiosa.
Este programa se basó en la educación de diversos actores: la sociedad civil, los funcionarios municipales, los recicladores de base, y otros actores clave en la reducción de RSD. Durante este programa, 129 funcionarios y ciudadanos participaron en diplomados universitarios sobre gobernanza ambiental y 560 personas de la sociedad civil recibieron educación ambiental a través de talleres locales. Esta formación no sólo buscó desarrollar competencias prácticas, sino también estimular comportamientos responsables, promoviendo el diálogo y la interacción para la prevención y reciclaje.
La experiencia nos enseñó que la calidad del diálogo mejora con los conocimientos y experiencias de los participantes. Por lo que imaginamos que la legitimidad de la acción pública debe fundarse en la educación, para promover diálogos fructíferos en el ámbito de RSD facilitando así la coordinación y cooperación. La implementación del programa permitió que los actores territoriales y la academia obtuvieran aprendizajes e innovaciones valiosas al respecto.
No obstante, no basta con desarrollar competencias mediante procesos de educación. La legitimidad de la acción pública, imaginamos, también debe basarse en garantizar las capacidades, es decir, proporcionar las condiciones necesarias que hagan que la coordinación y la cooperación sean eficaces en la reducción de RSD. Por ejemplo, el programa implementó 24 centros de recolección
de RSD en las cuatro comunas de la Asociación.
Falta mucho para que todos los territorios a nivel nacional reciban la educación y condiciones necesarias para reducir los RSD. Consideramos que la Ley 20.920 conocida como Ley REP es un avance. Sin embargo, el delegar responsabilidades, por ejemplo, a las municipalidades sin la capacitación y condiciones adecuadas y sin un sistema de gestión científico que garantice la organización necesaria que lleve a la economía circular, es un desafío mayor para aumentar el porcentaje de RDS valorizados.
En el próximo Congreso Internacional sobre Evaluación de la Gobernanza y del Valor Público, que se celebrará en la ciudad de Temuco, Chile, el 21 y 22 de noviembre, estaremos convocados a un diálogo crucial sobre la crisis climática y la legitimidad de nuestras acciones públicas. Los principales investigadores, líderes de opinión y referentes en la materia discutirán sobre cómo crear un futuro sostenible, social y económicamente responsable.
Fuente: El Austral Temuco
